El sector de la enseñanza concertada en la Comunidad Valenciana representa algo más del 25% del sistema educativo financiado con fondos públicos, en el cual desempeñan su función alrededor de 15.000 personas como docentes, PAS y resto de personal. Siendo como es parte del sistema dual de centros financiados con fondos públicos, donde los y las profesionales que formamos parte del sector realizamos las mismas tareas que nuestros homólogos que trabajan en centros cuya titularidad es la administración pública, es fácil entender que las condiciones laborales deberían ser análogas a estos últimos. La administración, por tanto, debería dotar a estos centros de los mismos recursos a los que optan aquellos de los que ostenta la titularidad. Esto es más que razonable, puesto que el alumnado que opta por estudiar en un centro concertado debería de tener a su alcance las mismas oportunidades que los que lo hacen en un centro de titularidad pública, ya que estudian en centros que se financian con fondos públicos.
En este sentido FSIE, organización que ha obtenido un respaldo del 67% en el pasado proceso de elecciones sindicales (a fecha de 31 de diciembre de 2023), entendemos que para alcanzar la igualdad real tanto laboral como de dotación de recursos es fundamental reactivar los foros reglamentados de negociación, configurándose con la nueva realidad sindical que ha arrojado el pasado proceso electoral. Es en dichos foros donde llevaríamos nuestras propuestas en materia de:
- Arreglo escolar: el pasado viernes 26 de abril la administración hizo pública la resolución provisional de unidades concertadas en su web. Es incomprensible que un tema que afecta directamente a la estabilidad del empleo de una parte importante del colectivo no se nos comunique con antelación a los agentes sociales en el foro correspondiente.
- Orden de pago delegado: el anterior gobierno quiso regular el pago delegado con la orden 2/2019 para, según ellos, poner orden en un sistema que estaba desorganizado; la realidad que nos ha dado esta norma es que hemos pasado de tener alrededor de 30 reclamaciones salariales al año (todas ellas a causa de la paga extraordinaria por antigüedad) a tener más de 400 reclamaciones al año. Incluso algunas de ellas reiteradas. Es muy urgente y necesario avanzar en una norma que acabe con la judicialización de todos estos asuntos, muchos de los cuales podrían solucionarse en la mesa de negociación.
- Plantillas: las plantillas base de los centros concertados son las mismas desde que se firmó el documento para la implantación de la reforma educativa en 1996. El anterior gobierno dejó las nuevas plantillas en los centros de titularidad pública cerradas antes de las anteriores elecciones, lo que ha creado una desigualdad de recursos palpable entre los diferentes centros sostenidos con fondos públicos. Esto provoca consecuencias laborales, ya que es imposible reducir la carga lectiva con las plantillas actuales, y también va en detrimento de la calidad educativa que reciben los alumnos y alumnas matriculados en centros concertados, puesto que no disponen de los mismos recursos.
- Acceso al Cefire y complemento por formación: el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos en su artículo 13.a, establece que los salarios deben de ser los mismos sin distinguir entre docentes que realicen sus funciones en centros públicos o concertados. Esta homologación o analogía salarial no es aún completa, ya que no se abona el complemento de formación o sexenio. Es muy importante alcanzar un acuerdo que posibilite el abono en pago delegado del complemento por formación para fomentar e incentivar la formación continua, o para reconocer el esfuerzo de los docentes en el caso de que se haya producido. Es cierto que para eso los y las profesionales no pueden depender únicamente de la oferta formativa de las propias empresas, así que deberían poder acceder al Cefire en las mismas condiciones que lo hacen los homólogos que trabajan en la enseñanza pública. Si tenemos las mismas necesidades de formación, y estamos incluidos en la misma red de centros sostenidos con fondos públicos, es de todo punto injusto que, en la práctica, se nos excluya de los Cefires.
Agradecemos mucho este primer acercamiento con FSIE y esperamos que podamos seguir manteniendo el contacto. Sin duda esto será muy productivo y beneficioso para mejorar el sistema educativo valenciano.
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
